Son causas de incapacitación (actualmente, provisión de medidas de apoyo) las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma. (Art. 200 Ccivil). La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, se realizará, en los casos que proceda, mediante: 1º La Tutela (que, tras la reforma llevada a cabo através de la Ley 8/21 queda limitada a menores de edad), 2ª La curatela, ya sea representativa o de medidas de apoyo, 3ª El defensor judicial (Art. 215 Ccivil).

Institución por la cual se encomienda a una persona, llamada tutor, la representación y defensa de los intereses de las personas cuya capacidad haya sido limitada. Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial (Art. 216 Civil). Esta figura se aplica, tras la reforma llevada a cabo por la Ley 8/21, a menores de edad.

Están sujetos a curatela: 1º Los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley. 2º Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad. 3º Los declarados pródigos (Art. 286 Ccivil). En la práctica es la institución asemejada a la tutela para los casos en que la persona no tiene limitada completamente su capacidad. La curatela puede ser limitada a proveer apoyo para la toma de decisiones en los diferentes ámbitos o ejercer funciones representativas, en casos excepcionales.

Institución que pretende la representación y amparo de los intereses de las personas que por alguna causa se entienda que no pueden hacerlo por sí mismas, sea por conflicto de intereses con sus representantes legales, sea porque la persona llamada a ello (tutor o curador) no desempeñare adecuadamente sus funciones y hasta que cese la causa o sea para su defensa en procedimientos judiciales en lo que pueda verse implicado.

Se ocupa de la gestión de bienes o derechos ajenos, por encomienda judicial y con obligación de rendir cuentas periódicamente de ella.