Se trata de un documento que recoge las principales vulneraciones de derechos humanos de personas con problemas de salud mental.
A través de este informe, SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia que “todavía se sigue de manera general ignorando la diversidad de la persona como ser humano sujeto de derechos y digna de un trato humano”.
En el capítulo ‘Derecho a la libertad y seguridad’, el informe denuncia que en España sigue siendo una práctica habitual los tratamientos forzados y la medicación administrada sin el consentimiento de la persona o en contra de su voluntad, así como la denominada ‘terapia electroconvulsiva’ y medidas restrictivas como el ingreso involuntario, los aislamientos o las contenciones mecánicas.
El informe denuncia, entre otras cosas, “la falta de adecuación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la desconsideración de la doble vertiente social y sanitaria que tiene esta materia, o la carencia de garantías para que la persona ingresada acceda a la justicia en igualdad de condiciones con las demás“.
“La perspectiva de género continúa siendo una asignatura pendiente en el ámbito de la salud mental“, denuncia este documento, y una de las principales vulneraciones de derechos es la violencia de género. A pesar de que 3 de cada 4 mujeres con problemas de salud mental han sufrido este tipo de violencia, todavía no existen recursos de acogida específicos para personas con trastorno mental.
“Las mujeres con problemas de salud mental se encuentran en ese estadio de la lucha por sus derechos en el que se cuestiona sistemáticamente su condición de víctimas bajo argumentos tales como que su relato no es veraz debido a su problema de salud mental“. “Por lo tanto, estas mujeres se encuentran desprotegidas y excluidas de los recursos, incluso en las ocasiones en las que se constata la violencia, y sus derechos quedan desamparados“.
A esto se añade que “a muchas mujeres y niñas con trastorno mental se les priva de su derecho a fundar una familia y, aún más, se llega incluso a dañar su integridad corporal”. Prácticas como la esterilización forzosa y el aborto coercitivo (sin su consentimiento) continúan vigentes en nuestro país, efectuándose bajo el paraguas de “lo que es mejor para ellas”, según se asegura en el informe.
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